AMLO NO debe apoyar ningún pacto con el crimen organizado.

El día martes 30 de mayo, durante su conferencia matutina la “mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a favor de que organizaciones criminales pacten no ejercer violencia y en su caso asuman responsabilidad por sus crímenes. El presidente se mostró a favor de la propuesta de Delia Quiroa, integrante del Colectivo 10 de Marzo, quien pidió hacer un “pacto de paz” con 9 cárteles de la droga con el fin de que se erradiquen las desapariciones en el país.

Lo expresado podría considerarse por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, al mostrarse a favor de un llamado al crimen organizado para que no actúe con violencia, como un planteamiento preocupante desde una perspectiva jurídica y de seguridad.

En primer lugar, es importante destacar que los carteles de la droga y las organizaciones criminales son responsables de cometer graves delitos, incluyendo asesinatos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas, entre otros. Estas acciones representan una amenaza para la paz y la seguridad de la sociedad, así como para el Estado de derecho.

El Estado tiene la obligación de perseguir y sancionar a aquellos que cometan delitos, incluyendo a los miembros de los carteles de la droga. La promoción de un llamado a la paz que incluya a estas organizaciones implica, en cierta medida, una tolerancia o legitimación de sus acciones delictivas, lo cual es contrario a los principios jurídicos y a la lucha contra el crimen.

Además, es importante recordar que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, y corresponde a las autoridades aplicarla de manera proporcional y de acuerdo con el marco legal establecido. La propuesta de que las organizaciones criminales actúen de manera "correcta" ante la sociedad, sin especificar qué se entiende por ello, genera un riesgo de impunidad y puede debilitar el sistema de justicia.

La justicia no puede depender de acuerdos informales con grupos delictivos. Es fundamental que las autoridades realicen investigaciones exhaustivas, detengan y procesen a los responsables de cometer delitos, y garanticen el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas.

La estrategia de seguridad debe basarse en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir el crimen, así como en políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia y la delincuencia. Esto implica invertir en educación, empleo, desarrollo social y programas de prevención del delito.

En lugar de buscar acuerdos con el crimen organizado, el enfoque adecuado debe ser el combate frontal a las organizaciones criminales, en colaboración con las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. Además, se debe promover la participación ciudadana y el respeto al Estado de derecho como elementos fundamentales para construir una sociedad segura y pacífica.

Desde La RED de Líderes Católicos realizamos una DENUNCIA ante la Fiscalía General de la República, donde pedimos urgentemente ante las declaraciones del presidente López Obrador en relación al apoyo de pactar con el crimen organizado por la paz y por lo tanto, solicitamos a la Fiscalía General de la República que realice una investigación exhaustiva para determinar si las declaraciones del presidente López Obrador constituyen un delito o una violación a las leyes vigentes. Asimismo, instamos a que se tomen las medidas legales y judiciales correspondientes en caso de encontrarse indicios de delito.

Referencias: